La situación política en Perú, compleja desde hace décadas, se volvió aún más crispante tras los hechos ocurridos el pasado 7 de diciembre, cuando el entonces Presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, ordenó el cierre del Congreso, la intervención de Poder Judicial, decretó un toque de queda e hizo un llamado a la movilización social en defensa de las medidas tomadas por su despacho.
A pesar del inmediato rechazo de parte de su propio gabinete, de las fuerzas políticas peruanas y de parte de la comunidad internacional, su destitución y acusación de los delitos de rebelión y conspiración, es un hecho que la caída de Pedro Castillo ha calado hondo entre la sociedad peruana, que se ha alzado en una movilización social entre quienes lo respaldan y exigen su restitución y entre quienes lo rechazan.
El ascenso al poder de la ahora Presidente Dina Boluarte, lejos de significar una estabilidad, ha implicado una elevación del conflicto político. Así se ha hecho evidente en el Congreso peruano, con fuertes discusiones entre las bancadas legislativas. La confrontación entre los partidos políticos en Perú es frecuente, pero adquirió otro carácter con el gobierno de Castillo, quien apenas asumió el poder ya era sujeto a mociones para declarar su vacancia, una figura jurídica particular en Perú que permite al Legislativo destituir al Presidente de la República mediante la declaratoria de su incapacidad moral permanente. Este malestar social se expande contra otras instituciones, como el Poder Judicial, muy desacreditado entre la población que efectúa acciones de protesta ante este órgano.
Pero el grueso de la protesta se registra en las calles. En varias ciudades al sur del país, como Andahuaylas, Cusco, Ica y Arequipa, la población ha tomado aeropuertos, empresas y medios de comunicación, bloqueado carreteras, tomado presos a policías y movilizan una marcha nacional rumbo a la ciudad capital, Lima, para exigir el cierre del Congreso y la restitución de Castillo. Las manifestaciones suman al momento al menos 7 muertos.
Esta movilización social es liderada por las rondas campesinas sumadas al sector agrícola, estudiantes y a las organizaciones indígenas, quienes acusan al Congreso de haber provocado un golpe de Estado orquestado por la mafia política.
Sin embargo, el propio Presidente de la Confederación Nacional de Rondas Campesinas, Valentín Sánchez, negó su respaldo a Pedro Castillo, a quien acusó de causarles perjuicios al movimiento campesino y docente.
El sector sindical también se suma al conflicto. La Confederación Nacional de Trabajadores del Perú, llama a una movilización pacífica este jueves 15 de diciembre para exigir a la mandataria Dina Boluarte un adelanto de las elecciones presidenciales. Mientras que el bloque magisterial no respalda el llamado a la restitución de Castillo, debido a que el exmandatario no sostuvo buenas relaciones con el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú, a pesar de ser él mismo docente. De hecho, hace apenas 2 semanas, se levantó una huelga exigiendo que no se recortara el presupuesto para este sector, lo que se traduce en falta de inversión en infraestructura, alimentación, conectividad, equipos, además de limitaciones salariales.
Por lo visto la situación política peruana no parece tener una solución a la vista. Desde el autogolpe que se dio Alberto Fujimori en 1992, la estabilidad democrática y social en ese país es una quimera. A este hecho se suman los sucesivos gobiernos desde el años 2018, como el de Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti y ahora el de Pedro Castillo, todos mandatos presidencial inconclusos o interinos, lo que pone en evidencia que el país está muy lejos de alcanzar un punto de equilibrio. Lamentablemente, quien más sufre esta situación es el pueblo peruano, en especial de las regiones del sur, con tasas de pobreza que se elevan por encima del 50%.
