Opinión de Marielos Aguilar Hernández, historiadora
Desde hace décadas, hemos observado el paulatino recorrido de varios estados latinoamericanos hacia un proceso de descomposición moral, política, económica y cultural, ello provocado, en buena medida, por la gran demanda de drogas producidas en nuestro continente por parte de las grandes potencias occidentales.
Uno de esos países ha sido Colombia, donde la ingobernabilidad producida por una economía formal en manos de una oligarquía egoísta y vertical ha marchado,quiérase o no, junto a otro sector económico informal pero muy poderoso: el narcotráfico.
Tan lamentable situación se ha originado en las profundas desigualdades sociales que han caracterizado a ese país hermano, la preeminencia de unos cuerpos militares represivos y corruptos, una estructura partidaria con un claro predominio de una derecha muy reaccionaria y un conflicto armado entre el estado colombiano y un movimiento guerrillero complejo y difícil de explicar, desde la perspectiva clásica de la revolución social con la que soñaron las clases trabajadoras latinoamericanas durante el siglo XX. Resultado de todo ello ha sido el ESTADO FALLIDO con el que hoy el gobierno progresista de Gustavo Petro tiene que lidiar.
Otros países como Ecuador, Perú, Bolivia y México, para mencionar los casos más citados por los medios de comunicación, también han venido recorriendo laberintos parecidos. Hoy día, por ejemplo, el Estado ecuatoriano sufre una de las mayores crisis de gobernabilidad de toda su historia, debido a la hegemonía de los cárteles de la droga y a las políticas erradas de una derecha empresarial y política, cuyo móvil fundamental es el anti-progresismo, antes que el control del desbordamiento del narcotráfico y la corrección de las medidas de seguridad y gobernabilidad.
En los últimos tiempos, lamentablemente, los países centroamericanos también estamos sufriendo los embates del narcotráfico internacional, particularmente en el caso de Honduras, Guatemala y Costa Rica. En estos casos, a excepción de Costa Rica, se trata de una crisis precedida por los reiterados fracasos del sistema democrático, el cual nunca ha logrado florecer en estas sociedades como lo soñaron sus generaciones anteriores.
El caso costarricense exhibe una cierta particularidad. Habiendo consolidado un estado benefactor en la segunda mitad del siglo XX, y aunque el modelo neoliberal le causó mucho daño desde 1980, bien que mal se habían mantenido ciertas condiciones sociales favorables en materia de educación, salud pública y vivienda, por ejemplo.
Pero el panorama actual es muy diferente. Incluso, pareciera que algunos sectores del Poder Ejecutivo, no solo actúan con gran indiferencia ante la creciente desigualdad social y el aumento de la marginalidad, sino que, peor aún, parecen haberse convertido en “aliados fácticos” de los magnates del narcotráfico internacional. Seguramente, son estos magnates los que más celebran y aprovechan las acusaciones que se lanzan desde CASA PRESIDENCIAL, un día sí y otro también, en contra de los poderes Legislativo y Judicial, culpándolos de la CRISIS DE SEGURIDAD NACIONAL que padecemos.
Esto, sin aceptar que dicha crisis en un problema nacional en cuya solución debemos trabajar todos, tanto los poderes de la sociedad política como las diversas organizaciones de la sociedad civil. De lo contrario, será imposible detener el arribo de un NARCO ESTADO.
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