Opinión Editorial del Secretario General de la APSE, Mauricio Jiménez Alvarado
En medio de un contexto de desigualdad y desempleo, donde la atención médica es crucial, las recientes acciones de la Presidenta Ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, Marta Esquivel, han generado serios cuestionamientos sobre su capacidad de gestión y su compromiso con la salud pública.
Desde el 1ero de abril, y hasta el 10 de abril, médicos especialistas de la Caja realizaron un movimiento de protesta, en el que dejaron de realizar horas extra, para exigir mejores condiciones salariales y laborales, pues desde hace meses la Junta Directiva de la Caja se ha negado a negociar.
Con un déficit significativo en áreas críticas como Anestesiología y Radiología, la falta de personal calificado pone en riesgo la calidad y la accesibilidad de la atención médica para miles de costarricenses.
Según datos de la Caja, existe un déficit de 700 médicos especialistas en la institución, especialmente en Anestesiología y Radiología. Se necesitarán entre 3 y 5 años para alcanzar un número adecuado de especialistas.
Si esta es la realidad de los especialistas médicos, ¿por qué paralizar las negociaciones laborales? ¿por qué criminalizar al cuerpo trabajador médico? ¿Por qué jugar con la salud, vida y esperanzas de cientos de familias que necesitan los servicios de salud?
Si los especialistas son tan valiosos para la Caja, y para el país, ¿por qué no tender puentes y construir una mejor relación? ¿Por qué crear muros?
El desacuerdo salarial y las precarias condiciones laborales, también han contribuido a la salida masiva de especialistas de la CCSS, exacerbando la crisis y debilitando aún más la capacidad de respuesta del sistema de salud.
A pesar de los esfuerzos del sindicato de médicos especialistas para negociar mejores condiciones, la inflexibilidad de las autoridades de la CCSS ha impedido llegar a acuerdos implementables, dejando a los trabajadores descontentos y a los pacientes en una situación cada vez más precaria.
Ha quedado claro que la forma de actuar de la presidenta ejecutiva de la Caja, y del presidente Chaves que la puso ahí, ha sido de desdén, culpabilización y violencia contra los trabajadores y contra la Caja misma. Así ha sido también con el MEP y el Magisterio Nacional.
Solo con un compromiso real y acciones concretas podemos asegurar que la Caja cumpla con su mandato de garantizar el derecho fundamental a la salud de todos las personas.
