El pasado 15 de agosto fue presentado ante la Asamblea Legislativa un proyecto de ley cuyo fin es que el congelamiento salarial de trabajadores públicos no pueda extenderse por más de dos años.
Se trata del expediente 23.877, iniciativa de la fracción del Frente Amplio, que introduciría cambios a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9635) y a los transitorios de la Ley Marco de Empleo Público.
El proyecto, denominado, “Ley para eliminar el congelamiento por plazo indefinido de los salarios de las personas trabajadoras del sector público”, mantiene los topes a los salarios del sector público que se definen en la Ley de Salarios de la Administración Pública y también establece un periodo de transición, considerando que actualmente las remuneraciones están congeladas porque la deuda supera el 60% del PIB.
En dicho período se permitirían incrementos por costo de vida para aquellos sueldos que no superen los tres salarios base (₡1.386.600), y que se mantenga el congelamiento solo por hasta un año para las remuneraciones que superen ese monto.
Una de las principales justificaciones del proyecto es que la Procuraduría General de la República se ha referido a una acción de inconstitucionalidad contra l Ley Marco de Empleo Público, interpuesta por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados y que fue secundada por la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza, APSE, mediante coadyuvancia presentada el 5 de julio.
La Procuraduría declaró que los Transitorios XI y XII de la Ley Marco de Empleo Público que ordenan congelamientos salariales a plazo indefinido o indeterminado “son contrarios al Derecho de la Constitución, particularmente, al artículo 57 Constitucional, relativo al derecho al salario y a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, por derivarse de su aplicación un perjuicio marcadamente superior en la situación jurídica de todos ellos frente al beneficio que se pretende lograr en interés de la colectividad”.