El lunes 8 de abril de 2024, Gustavo Rojas Antillón, presidente de la Fundación Conservatorio de Castella, compareció ante la Comisión especial de la provincia de Heredia, en la Asamblea Legislativa, donde puso en evidencia importantes contradicciones sobre el tema de fondo, la venta del Teatro Arnoldo Herrera, que se matizaron con una puesta en escena propia de un drama teatral.
Primer acto: mostrarse como víctima
La comparecencia de Rojas arrancó afirmando que la Fundación jamás ha estado inactiva, sino que lo que ha estado es maniatada durante 23 años en no poder invertir sus recursos en beneficio de la comunidad educativa. Se trata de 82 millones de colones que les giró el ICE por concepto de expropiación de los terrenos, aunque Rojas afirmó, con una proyección de voz melodramática, que “hay mucho millones más”, ya que se generaron “bastantes intereses”.
Dicha afirmación tiene fundamento, pero también tiene contexto. Encuentra su motivo en el reclamo gestionado desde el año 2010, cuando la misma Fundación inició un proceso para exigirle al Estado los 3 millones de dólares por pago de los terrenos en Barreal de Heredia y los 18 millones de dólares por el Teatro Arnoldo Herrera, lo que bloqueó legalmente las posibilidades de que el MEP invierta en el centro educativo. Rojas respondió que la falta de inversión de la Fundación en el Conservatorio fue debido a un decreto del año 2001, al que calificó de “ilegal e inconstitucional” que los obligó a abandonar las instalaciones de este centro educativo.
Segundo acto: el actor queda acorralado
Una de las diputadas increpó a Rojas, señalándole que los terrenos del Conservatorio, ubicados en Barreal de Heredia, fue comprado con fondos públicos derivados de bonos agrarios del Estado. Otro señalamiento fue hecho por otro legislador, que le dio el número de la ley: la 3080, del 14 de diciembre de 1962, la cual, en su apartado de obras a realizar, indica claramente “se aprueba un presupuesto para la construcción del Teatro del Conservatorio Castella destinándose para ese entonces 14400 colones en materiales y 21600 colones en mano de obra”. Acorralado por este argumento, Rojas primero argumentó que existe un criterio de la Procuraduría que faculta a la Fundación a proceder con esta venta, para luego aprestarse a decirle al diputado que ese es “su discurso”.
Escena de terror: Jugando con el legado de un muerto
Hubo una consulta sobre el legado que heredó Carlos Millet de Castella cuando falleció y que dio pie a la creación del Conservatorio Castella. Sobre ese particular, uno de los diputados trajo a colación el testamento de don Carlos, que dejó indicado que la “Fundación se mantendrá con el legado que hizo Carlos Millet de Castella en dinero y en inmuebles, además de donaciones que le quieran hacer el gobierno o particulares”. Rojas calificó como “una de las partes más difíciles” de interpretar.
Igualmente, su tono envalentonado varió a la defensiva cuando uno de los parlamentarios siguió ennumerando leyes que destinaron fondos públicos a este teatro, como la ley que destinó 1 millón de colones de la Junta Administrativa del Conservatorio Castella a la compra y expropiación de terrenos en La Sabana, ley 4078 del 30 de enero de 1968, mediante la emisión de bonos agrarios del entonces Instituto de Tierras y Colonización, ITCO.
A lo anterior, se suma el hecho de que el diseño del Teatro Arnoldo Herrera estuvo a cargo del arquitecto Felo García, cuya labor fue pagada por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
Al actor se le zafaron las tablas con el peso de la verdad
Ya desde la primera consulta se puso en evidencia el nerviosismo y la posición a la defensiva de Gustavo Rojas, cuando se le hizo cuestionó si su intención de vender el Teatro Arnoldo Herrera era similar a la que tuvo en su momento siendo Presidente del SINART. Igualmente se puso a alzar la voz si algunos asuntos eran señalaron como irregularidades. En varias ocasiones, reaccionó aireado ante algunos cuestionamientos que le lanzaron los legisladores. La Presidente de la comisión tuvo que ser insistente en exigir respeto al señor Rojas, así como moderar su tono de voz.
El final de esta obra fue tan dramático y patético como su desarrollo. El valiente argumento que esgrimió Gustavo Rojas en su momento, escudándose en una opinión jurídica de la Procuraduría, quedó invalidado luego de que uno de los diputados buscara los textos referidos y evidenciara que trataban sobre otra materia y no sobre la naturaleza de los fondos públicos, los cuales no dejan de ser públicos aunque se donen a un ente privado.
El numeroso público que asistió a este foro, la mayoría jóvenes estudiantes del Conservatorio, terminó el acto más bien enfadado con el presentación de don Gustavo, al que despidieron con un coro que declamaba al unísono “el Castella NO se vende”.
Comparecencia de Gustavo Rojas ante la Asamblea Legislativa:
