Solo hay que oír los argumentos de diputados como Pilar Cisneros o Eliecer Feinzaig afirmando que la jornada 4×3 va a ser totalmente voluntaria, solo porque el texto de la ley dirá que se requiere el consentimiento del trabajador para aplicarla.
De la Pilar no se puede esperar que entienda mucho y, de todas maneras, no tiene que entender nada para impulsar la propuesta de ciertos empresarios que la usan como vocera. Después del negociazo con los bonos de la campaña electoral, ¿qué se puede esperar de esta doñita?
Del Eli, uno esperaría una argumentación más asentada en el análisis de la realidad del mundo laboral, y no que salgo con eso de que los trabajadores no son “tonticos a los que se les tiene que decir que jornadas deben laborar”.
Desde que se empezó a llamar a los patronos “empleadores”, ya se veía las ganas de invisibilizar el carácter desigual de la relación laboral. Es que “patrono” comporta una condición de superioridad jerárquica sobre el trabajador y, en cambio, “empleador” pone énfasis en el papel social: crear empleo.
Cuando se empezó a llamar a los trabajadores “colaboradores”, la invisibilización de la relación desigual entre patrono y trabajador, se llevó al extremo.
La definición de la Relación Laboral, universalmente reconocida como una relación entre dos partes desiguales, una fuerte y otra débil, empezó entrar en desuso.
El “principio protector de la parte débil de la relación”, que es base esencial del Derecho del Trabajo, es cada vez menos aplicado tanto por el Ministerio de Trabajo como los los Tribunales Laborales.
Por eso no es raro oír a la Pilar y al Eli, hablar de la relación laboral como si se tratara de un contrato entre iguales.
Y no es que esos dos diputados, que representan la opinión de otros que no se atreven a ser tan descarados, saben perfectamente que, en la práctica, la “voluntariedad” en la aplicación de las jornadas 4×3 es letra muerta.
A ese nivel de desapego con los intereses de las y los trabajadores han llegado la mayoría legislativa que apoya el proyecto del Gobierno.
Esa voluntad entregarle a las Zonas Francas y a algunas grandes empresas nacionales una vía para bajar sus costos a cambio de la precarización laboral, tendrá graves consecuencias para la estabilidad social al cabo de pocos años.
