La propuesta dejaría al Régimen de IVM, fondos del Magisterio y Poder Judicial sin aporte estatal.
El Gobierno de Costa Rica, a través del Ministerio de Hacienda, pretende eliminar la contribución del Estado a los fondos de pensiones y al mismo tiempo, utilizar ese dinero para la creación de una jubilación básica universal.
De acuerdo a declaraciones de Nogui Acosta Jaén, ministro de Hacienda, “se dejaría de cotizar con el aporte estatal en todos los regímenes”, con ello se verían afectados el Fondo de Vejez, Invalidez y Muerte (IVM), al Régimen de Capitalización Laboral (RCC), el fondo del Magisterio Nacional y el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial.
Lo anterior rompería el esquema de aporte tripartito establecido desde la concepción del sistema de seguridad social. De acuerdo con la Constitución Política, el esquema debe ser tripartito, donde tanto trabajador, patrono y estado cotizan sobre el salario de la persona trabajadora.
La pensión básica universal parte del objetivo de que todas las personas tengan un ingreso mínimo durante la vejez. En el caso de la propuesta de Hacienda, este mínimo se establecerá basándose en la línea de pobreza; según la Encuesta Nacional de Hogares, este monto sería de aproximadamente ¢120.136.
Sectores sociales piden mayor análisis de la propuesta.
Algunos sectores sociales ven con cautela esta propuesta, pues alegan que el Estado no tiene de dónde sacar estos recursos. Por ejemplo, el Régimen No Contributivo (RNC) – cuyo objetivo es brindar una pensión a aquellas personas que no alcanzaron el derecho de jubilación – inició el 2023 con un faltante de ¢14.700 millones; dinero que según la CCSS aún está pendiente de pagar y que afectaría eventualmente la pensión de más de 136.000 beneficiarios.
Uno de los principales temores de este esquema es que se empiecen a individualizar las cuentas, tal y como sucede en países como Chile y México, en donde cada trabajador cotiza para su propia pensión, y desaparezca el principio de solidaridad que manejan los esquemas de reparto, mediante la redistribución de ingresos. Esto podría afectar a un sistema de pensiones como el IVM, que ya ha sido además atacado recientemente con el aumento de la cantidad de retiro y cuotas por parte de las personas trabajadoras.
Es posible también que la implementación de la Jubilación Básica Universal cause un desequilibrio en las finanzas del Régimen de Capitalización Colectiva, pues al eliminar el aporte del estado, el porcentaje de cotización se vuelve menor, lo que eventualmente obligaría a elevar la cotización obrera o bien, rebajar los montos de las pensiones.
La CCSS convocó recientemente a una comisión técnica para discutir el fortalecimiento del Sistema Nacional de Pensiones. Según el ministro de Hacienda, la idea es presentar esta propuesta ante dicha comisión, la cual estará compuesta por representantes de instituciones autónomas y del gobierno, sectores empresariales, la Superintendencia de Pensiones, el Inamu y la OIT. En el caso de la SUPEN, justamente una de sus metas para este 2023 es impulsar la pensión básica universal.
La propuesta es que la CCSS asuma la administración de la nueva pensión.
