Durante 10 días Guatemala se ha sumado a intensas protesta populares para exigir la salida de la fiscal general, Consuelo Porras, del fiscal Rafael Curruchiche y del juez Fredy Orellana, quienes ordenaron allanamientos al tribunal electoral y al partido Semilla, lo que se considera un “golpe de Estado” contra el presidente electo, Bernardo Arévalo.
Contra los pronósticos, Arévalo resultó ganador en las elecciones generales disputadas en primera y segunda ronda, en junio y agosto de 2023.
Desde el triunfo de Arévalo, la fiscal general Porras promovió diferentes acciones judiciales para obstaculizar que él asuma el poder el 14 de enero de 2024.
Desde la primera ronda electoral, en junio, la fiscal general, apoyada por el jefe de la fiscalía contra la impunidad, Rafael Curruchiche, y del juez Fredy Orellana emprendieron una serie de acciones contra Arévalo y su partido político, Semilla.
Crece el llamado a paro nacional
Conforme pasan los días y el reclamo popular no encuentra eco, la sociedad guatemalteca ya escucha llamados a convocar a un paro nacional.
Los 48 cantones de Totonicapán es la máxima autoridad del Pueblo Maya K’iché’ de Totonicapán, que unifica y articula a las distintas autoridades indígenas ancestrales y comunitarias de las aldeas, cantones y zonas del municipio de Totonicapán.
A lo largo de las jornadas de protesta, los 48 Cantones han liderado la movilización, lo que se complementa con publicaciones periódicas y actualizadas del movimiento social.
Pero no son los únicos que se lanzaron a las calles, ya sea de forma directa o colateral. Negocios, empresas y mercados cierran sus puertas, comenzando a provocar un desabastecimiento de alimentos y de combustibles, incluido el usado para aviones.
Gobierno hace oídos sordos
Por su parte, el gobierno del Presidente Alejandro Giammattei, hace caso omiso del creciente malestar social. “Ya no se tolerarán todos los actos fuera de lo establecido en la ley, los bloqueos son ilegales”, sentenció el presidente Alejandro Giammattei en un mensaje a la nación.
Durante el pasado fin de semana, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala acogió un recurso de amparo para blindar la toma de posesión presidencial, pero los organizadores de las protestas señalan que están en un “paro indefinido” hasta lograr la renuncia de Porras.
