El pasado 8 de enero miles de seguidores del expresidente de extrema derecha de Brasil, Jair Bolsonaro, irrumpieron en el Congreso Nacional, el Tribunal Supremo Federal (su máximo órgano de justicia) y el Palacio de Planalto (la sede del poder ejecutivo), para intentar un golpe de Estado contra el recién electo presidente de Brasil, Lula da SIlva, del Partido de los Trabajadores.
La insurrección se dio tras el fracaso de la re-elección de Bolsonaro, quien durante su periódo impulsó drásticas medidas económicas en beneficio de las oligarquías brasileñas, en fuerte detrimento de las riquezas ambientales de Brasil, incluído el Amazonas. Sus simpatizantes tomaron los edificios públicos, a vista y paciencia de las fuerzas militares y policiales, en una amenaza orquestrada por minar el apoyo a Lula, e intentar que no se diera el traspaso de poderes.
Bolsonaro, por su parte, huyó a Miami, Estados Unidos, desde donde se sospecha se organizó el ataque a la democracia brasileña. También se encontró que Anderson Torres, exministro de Justicia de Bolsonoro y antiguo Secretario de Seguridad de Brasilia, estaba “de vacaciones” en Miami al mismo tiempo, y según el equipo del presidente Lula, se reunió con Bolsonaro el sábado previo al intento fallido de golpe de Estado.
Además, la Policía Federal de Brasil allanó el domicilio de Anderson Torres y encontró un decreto, en borrador, que preparó él mismo en las elecciones para “desconocer el resultado electoral de los comicios nacionales, instaurar un “Estado de defensa” y oficializar las acusaciones de fraude electoral hechas por Bolosonaro durante la campaña”. Este borrador nunca fue publicado, y Torres ya es requerido por la justicia Brasileña.
El Ministerio Público Brasileño solicitó el pasado martes 11 de enero el bloqueo de cuentas y bienes del expresidente Bolsonaro, de Anderson Torres, y del gobernador de Brasilia Ibaneis Rocha, bolsonarista e implicado en la insurrección por inacción y connivencia.
El presidente Lula decretó el mismo día de la invasión a los poderes de la república una intervención federal, que tuvo como propósito detener la insurrección, capturar a las personas involucradas y descubrir a los organizadores de la revuelta, ligados al bolsonarismo y a las fuerzas militares de Brasil.
Desde hace varias semanas, campamentos de seguidores de Bolsonaro se instalaron cerca de bases militares, en donde se supone se organizó la insurrección antidemocrática. Para Piero Leirner, antropólogo y especialista en estrategia militar de la Universidad Federal de San Carlos de Brasil, «No fue inocente que estos campamentos se montaran mayoritariamente en áreas militares, contaran con amplia participación de parientes de militares y reservistas, y que constantemente fueran vistos militares pasando por ahí para abastecer la energía conspiracionista, la idea de apoyo y solidaridad interna». Los campamentos golpistas fueron desmantelados horas después del suceso.
De esa forma, las fuerzas militares de Brasil se perfilan como el agente silencioso del fallido golpe de estado, aunque hayan permanecido en silencio desde entonces. Lula dijo el jueves posterior a los hechos que las Fuerzas Armadas no son el «poder moderador que piensan que son». Además dijo estar “convencido de que la puerta al Planalto (edificio del órgano ejecutivo) les fue abierta (a los golpistas) porque no hay ninguna puerta rota. Alguien les facilitó la entrada”.
Para el teólogo y analista Frei Betto, la preocupación del gobierno de Lula no sólo debería ser la respuesta institucional contra el fascismo encarnado en Bolsonaro y sus seguidores, sino que debe fortalecerse con luchas desde las calles y profundos cambios en la educación en el país. “No es con el techo de gasto con lo que el Gobierno de Lula debe preocuparse. Es con el suelo firme de la movilización popular.”, señaló Betto.
Así se demostró el lunes 10 de enero, un día después del fallido golpe, donde cientos de miles de personas salieron a las calles en apoyo a Lula, en favor del voto popular y en respaldo al proceso electoral vivido hace solo unos días atrás.
Esta demostración de fuerza popular fue organizada por “Pueblo sin Miedo, Brasil Popular, el Movimiento de los Trabajadores de la Calle y la Coalición Negra por los Derechos”, en donde también participaron sindicatos, sectores afines a Lula y aficionados de los equipos Corinthians, Palmeiras, Santos y San Pablo, en respuesta al uso de camisas de la selección brasileña por parte de los bolsonaristas.
Una de las consignas más usadas en las manifestaciones prodemocráticas fue: “Ni amnistía ni perdón; queremos a Bolsonaro en la cárcel”. según señaló el diario digital Télam Digital.
*Se agradece al proyecto político Sin Permiso, por la publicación de notas y análisis relacionados al fallido golpe de Estado en Brasil, y que sirvió como referencia para la construcción de esta nota.
