A finales del año 2022, el Ministerio de Educación Pública tomó la decisión de no pagar el componente salarial del zonaje en los términos pactados en el título IV, artículos 28 al 36, de la III Convención Colectiva del sector educación, de acuerdo con la metodología del cálculo del rubro de zonaje y su anexo.
Pero, ¿exactamente qué fue lo que decidió el MEP y cómo afectó esta decisión a más de 36.000 trabajadores?
El MEP se fundamentó en un criterio de la Procuraduría General de la República (el cual no resulta ser vinculante), e interpretó que el componente salarial del zonaje, en los términos pactados en la III Convención Colectiva, representa la creación de un beneficio salarial nuevo y no la transformación de uno existente antes de la entrada en vigencia de la Ley N°9635 “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”.
De acuerdo con este criterio, según el MEP, no corresponde el pago de este componente a los trabajadores del Título I (agentes de seguridad, trabajadores de comedores escolares, conserjes y otras plazas administrativas), porque se asume que su inclusión es contraria a la ley.
Esta interpretación no corresponde con lo expresado por el MEP en el seno de la Junta Paritaria, instancia ante la cual el propio ministerio evidenció que el zonaje no se trata de un componente salarial nuevo, sino de la transformación del incentivo denominado Zona de Menor Desarrollo y del componente con ese mismo nombre.
El fundamento que ha esgrimido APSE en todo momento para lograr que este pago se reconozca a todos los sectores, se basa en el artículo 62 de la Constitución Política, el convenio 68 de la Organización Internacional del Trabajo y el numeral 54 del Código de Trabajo, que señalan que la convención colectiva tiene carácter de ley profesional y a sus normas deben adaptarse todos los contratos individuales o colectivos existentes o que luego se realicen en las empresas, industrias o regiones que afecte.
El cambio de este componente y la determinación de a quiénes les corresponde se hizo latente con la negociación de esta convención colectiva, la cual fue posteriormente homologada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el 10 de marzo del 2021, fecha a partir de la cual entró en vigencia. Desde ese momento este instrumento colectivo tiene carácter legal vinculante.
Con base en ese criterio, el acuerdo para proceder al pago del zonaje a trabajadores del Título I sigue vigente y en firme, ya que la ley que restringe esta figura entro en vigencia posterior a la firma de la III convención colectiva.
Ante este panorama, APSE emprenderá las acciones legales, judiciales y otras que correspondan contra el gobierno y los responsables de tal violación, que desconoce y revoca un derecho reconocido, afectando de esta manera las condiciones económicas y la dignidad de cientos de trabajadores y sus familias.