Si usted es trabajador en el sector público con años de experiencia, probablemente su salario va a perder un porcentaje importante de su valor durante varios años con la aplicación desmedida de la Ley de Empleo Público y su reglamento.
La Ley Marco de Empleo Público que entró a regir el pasado 10 de marzo tiene un fuerte componente de reforma a los salarios del sector público que busca cambiar la estructura salarial, pasando del salario compuesto (salario base + componentes) a un salario global sin componentes.
Si bien los nuevos trabajadores públicos entran inmediatamente con el salario global, los trabajadores actuales se ven sometidos a una serie de cambios que los obliga, con el tiempo, a pasarse al salario global establecido por MIDEPLAN. Pero, ¿cómo está regulado este cambio de estructura salarial?
Al momento en que MIDEPLAN establece los salarios globales (que son transitorios por los primeros 6 meses de la ley), pueden pasar 2 situaciones:
1- Si el salario compuesto es menor al salario global: los trabajadores pasan automáticamente al salario global
2- Si el salario compuesto es mayor al salario global: el salario compuesto se congela hasta que el salario global crezca por inflación y alcance el salario compuesto, en ese momento se pasa automáticamente al salario global.
Esta manera de cambiar los salarios compuestos a globales trae graves perjuicios contra muchos de los trabajadores actuales, pues sus salarios perderán valor con el paso del tiempo. Veamos el ejemplo de una proyección salarial hecha por el economista Ricardo Vindas:
Una asesora nacional, con más de 15 años de experiencia, gana en este momento 1 millón 800 mil colones con un salario compuesto. Según la escala salarial impuesta por MIDEPLAN el salario global de este puesto es de 1 millón 140 mil. Esto significa que la Asesora Nacional tiene un salario mayor al global, por lo que su salario permanecerá congelado hasta que el salario global crezca y alcance a su salario compuesto.
Sin embargo, al ser el salario global una forma restrictiva de remuneración, no contempla incentivos que permitan hacerlo crecer, y sólo crecerá por concepto de inflación. Según los cálculos de Ricardo Vindas, este salario global podría tardar 12 años en alcanzar el salario de la asesora, y durante todo ese tiempo el salario compuesto estaría congelado. ¿Qué implicaciones tiene esto?
Si consideramos una inflación anual promedio de 4%, significa que cada mes la asesora estaría perdiendo casi 70 mil colones de su salario depreciado. Si esto se acumula por 12 años, estaríamos hablando de una pérdida de más de 65 millones de colones de salario que no se le está reconociendo. (Ver gráfico 1)
Esta situación representa un grave retroceso en las políticas salariales del sector público, algo que fue advertido por la Sala Constitucional y por la Procuraduría General de la República en sus observaciones sobre el reglamento presentado por el Gobierno:
“a dichos funcionarios se les excluye de cualquier incremento salarial producto de aumentos a la base o bien por el reconocimiento de incentivos; aspecto que si bien se deriva del Transitorio XI de la Ley Marco de Empleo Público, podría tener un efecto pernicioso en caso de mantenerse indefinidamente o por un plazo prolongado, que la torne irrazonablemente permanente, según sea la diferencia cuantitativa con su nueva escala salarial.
Además, agrega que: “Máxime en momentos en que otras variables económicas hagan perder significativamente el poder adquisitivo de la retribución salarial así congelada y por ello, el Convenio 131 de la OIT sobre fijación de salarios mínimos indica que se deberá considerar, entre otros factores, el costo de vida – art. 3-. En ese sentido la Sala Constitucional, en al menos un precedente, ha determinado que los congelamientos salariales solo pueden ser temporales, es decir, por un plazo definido y claramente determinado (Resolución N.° 2003-05374 de las 14:36 hrs. del 20 de junio de 2003).”
A pesar de las múltiples advertencias relacionadas al congelamiento de los salarios del sector público, el Gobierno hizo caso omiso y ha seguido adelante con un reglamento que golpea los bolsillos de los salarios de los trabajadores públicos.
