Artículo de Opinión por Franco Benavides Flores
Se podría decir que el nivel de infraccionalidad de los derechos laborales en Costa Rica, es una política de Estado.
Es una de las principales formas que han encontrado patronos y autoridades gubernamentales y judiciales, para “flexibilizar” la aplicación de las normas de trabajo sin necesidad de reformarlas a la baja.
Los estudios del INEC indican que el incumplimiento, por ejemplo, del Pago de Salarios Mínimos es cercano al 30%; mientras los registros de la Inspección de Trabajo reflejan que más del 70% de patronos incumple al menos una norma laboral (casi siempre relacionada con salarios mínimos, pago de horas extras, aseguramientos por Riesgos de Trabajo y CCSS).
La Inspección de Trabajo cuenta con bases de datos mediante los cuales puede identificar con mucha precisión el tipo de infracciones, el sector de actividad y el territorio en el que se dan con frecuencia. Sin embargo, las inspecciones de oficio se siguen ejecutando sin definir prioridades y sin atacar directamente a los sectores y territorios más vulnerables.
¿Por qué? Porque las autoridades de turno del MTSS no tienen la voluntad política para usar los recursos de la Inspección ahí donde podrían generar un enorme impacto en el cumplimiento de los derechos laborales.
Además, no solo se retrasan proyectos como el Mapeo de Establecimientos como instrumento para seleccionar previamente los centros de trabajo a inspeccionar, sino que se han dejado de usar las herramientas con que se contaba años atrás para hacer una planificación sobre la base de criterio técnicos e investigación.
Mientras laboré por 25 años en el MTSS me tocó ver el paso de muchos ministros y su desinterés por mejorar la Inspección de Trabajo. Vale decir que el esfuerzo promovido, más desde el interior de la Inspección de Trabajo, que por sus jerarcas, iniciado en el año 2000, fue ignorado por casi todos, excepto por la señora Sandra Piszk, que acogió con entusiasmo la propuesta de Campaña de Salarios Mínimos y la llevó a tener un verdadero impacto sobre el cumplimiento de ese derecho, según estudios realizados en esos años (2010-2014).
El escándalo de las tiendas Syr y las declaraciones de Tomaya Obokata, relator de la ONU.
El despliegue ostentoso realizado por el MTSS, la CCSS, Migración, Municipalidades y otras instituciones para aplastar al “oriental”, contrasta con la pasividad que se muestra en las plantaciones agrícolas, bananeras y meloneras.
El alboroto ensordecedor para castigar el “chino”, contrasta con el silencio ante las jornadas ilegales 4×3 que se aplican desde hace años en las grandes cadenas de supermercados, hoteleras y zonas francas. No se trata solo de que es una jornada ilegal, sino de que ella permite abaratar el trabajo por cuanto no se pagan horas extras.
Pero, lo más grave de ese actuar interinstitucional es que la Inspección de Trabajo y la Policía de Migración hacen visitas conjuntas, violentando las recomendaciones de la OIT, para que prevalezcan los derechos del trabajo sobre la condición migratoria. Así lo da a entender el señor Obokata:
“Se destacó que en el caso de los migrantes que se encuentran en una situación irregular en el país, y son víctimas de esclavitud laboral por parte de sus empleadores, no suelen denunciar por temor al despido o que se revele la condición de su estatus migratorio ante las autoridades…”.
Imaginen lo que deben sentir los migrantes nicaragüenses y venezolanos al ver que junto a los inspectores de trabajo que supuestamente garantizaran sus derechos laborales, llega la Policía de Migración. ¡Qué ganas de poner una denuncia!
El relator de la ONU apunta a algo que desde hace por lo menos dos décadas se viene planteando al interior de la Inspección de Trabajo:
“Lo que se necesita es una aplicación de la ley más proactiva dirigida por la inteligencia, lo cual pueda reducir la necesidad de que las víctimas hagan la denuncia”, se destacó en el informe.”
No es cierto como afirmaron las autoridades del Ministerio de Trabajo ante los diputados, que la Inspección solo tiene recursos para atender las denuncias: cerca del 70% de las inspecciones se realizan por iniciativa de esa Oficina; de manera que algunos recursos debe tener esa entidad para hacer visitas con base en investigaciones previas y una selección previa de los centros de trabajo.
La verdad es que la debilidad de la inspección laboral es parte de una política de Estado, por complicidad, omisión o ambas a la vez.
