Costa Rica atraviesa una serie de crisis, y una de ellas es de seguridad social. Gobierno tras gobierno han intentado socavar las bases de la seguridad social del país, como lo son la salud, la educación y las pensiones. La arremetida neoliberal, contraria a cualquier política de bienestar social, parece envalentonarse más con cada nuevo gobierno.
Situación crítica de la Caja Costarricense del Seguro Social
Según el historiador David Díaz, de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica, a partir de los años 80 y con la contrarreforma neoliberal, la clase política ha ido poco a poco reconfigurando el Estado Costarricense para fortalecer sus intereses económicos y desfinanciar la seguridad social en el país, constituida en pilares como la salud, la educación y las pensiones.
Al día de hoy, en pleno 20203, el Estado le debe a la Caja Costarricense del Seguro Social la suma estimada de 2.9 billones de colones. De esa gran deuda, 2,2 billones de colones (un 81,6%) le pertenecen al Seguro de Salud, y más de 500 mil millones al Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, y unos 252 mil millones de colones por transferencias corrientes adeudadas del año 2022.
Por si fuera poco, a pesar de que el Gobierno de Costa Rica se comprometió a trasladar el 10% del crédito internacional que tiene el país con el Fondo Monetario Internacional, conocido como Servicio Ampliado (SAF-FMI), correspondiente a unos 27 millones de dólares. Sin embargo, a la fecha no hay transferencias reportadas a la Caja provenientes de dicho préstamo.
Según el Gobierno de turno, y su Ministro de Hacienda, la deuda del Estado con la Caja es menor a la que maneja la institución pública, y ha mantenido resistencia a hacerle frente a esta situación, que pone en riesgo la prestación de servicios de salud.
De hecho, el Gobierno de Chaves ha sido un acérrimo enemigo de la Caja Costarricense del Seguro Social, con tácticas políticas y de propaganda que han puesto a la institución en una compleja situación interna. La destitución arbitraria de miembros de la Caja sin pruebas, y la posterior elección de directivos a dedo, y la judicialización de sus procesos internos ha sido solo una parte de la estrategia, pues mantiene una política de desfinanciamiento a la Caja y de posible privatización.
Según la socióloga Juliana Martínez, para el 2019 la caja movilizaba el 41% de toda la inversión social del país, por medio de sus servicios y programas de salud y pensiones, y que es justo por esta razón que el Gobierno de Chaves suspendió la ejecución del portafolio de inversiones de la CCSS, poniendo en riesgo desarrollos clave en provincias como Limón.
Se tenía proyectada dar inicio a la construcción de 30 áreas de salud, 350 ebais y 9 edificios hospitalarios, pero por la suspensión del portafolio, todos los proyectos que no habían iniciado, aún contando con los materiales y permisos para arrancar, fueron detenidos.
Para la investigadora Martínez, las acciones del gobierno son “un asalto” a la seguridad e inversión social que ejecuta el país por medio de la Caja, en contraposición a la visión histórica de esta institución desde los años 40. También, según Martínez, se pretende abrirle espacio al sector privado de la salud, aprovechándose del debilitamiento deliberado de la Caja.
Por otra parte, la situación laboral de la CCSS es más compleja desde la aprobación de tres leyes consideradas como de contrarreforma: el Combo Fiscal del 2018, la Ley Anti Huelgas del 2020, y la Ley de Empleo Público en el 2022.
En el caso del Combo Fiscal se pusieron restricciones financieras a la Caja del Seguro Social, así como a instituciones públicas que realizan aportes a dicha entidad. En el caso de la Ley Anti Huelgas, ha representado uno de los mayores golpes a la libertad sindical del país, puesto que el personal de salud está completamente atado de manos para manifestarse frente a los ataques a la institución.
Por su parte, La Ley de Empleo Público significa una reconfiguración, en retroceso, del aparato laboral público. A pesar de los esfuerzos de la Caja por mantener su autonomía constitucional, el Gobierno se ha empeñado por meter a la fuerza a la Caja a esta ley de empleo público, lo que significa una reorganización no fundamentada del personal, una disminución de los incentivos laborales, y un congelamiento salarial por la próxima década.
Estos duros golpes provocan hoy en día serios problemas para el servicio de salud, que ya se arrastraban de años atrás, como las largas filas de espera y la fuga de especialistas que amenaza el futuro de la institución y del país.
Según el sindicato UNDECA, solo entre los años 2021 y 2022 han salido de la Caja por renuncia 208 médicos especialistas, 66 de ellos anestesiólogos, lo que pone muchísima presión sobre las listas de espera de operaciones en todo el país, retrasando las operaciones incluso por años.
Pensiones en riesgo
Las pensiones públicas son otro de los objetivos por debilitar de los últimos gobiernos. Durante el Gobierno de Carlos Alvarado se hizo una reforma a las pensiones que aumentó la edad de pensión, eliminó la posibilidad de pensión anticipada, e hizo un ajuste económico que asegura montos más bajos para las pensiones del régimen IVM, que cubre a la mayoría de trabajadores del país, unos 1,7 millones de personas.
Además de estas reformas que van en perjuicio de las personas trabajadoras, actualmente varios partidos y actores políticos buscan quitar de los regímenes de pensiones públicas el aporte estatal, lo que va en contra de la concepción costarricense en donde aportan patronos, trabajadores y el Estado.
En el caso del Magisterio Nacional y el Poder Judicial, que tienen unos 105 mil y 13.500 cotizantes respectivamente, la intención del Gobierno es eliminar su aporte a dichos regímenes para, supuestamente, crear una nueva jubilación básica universal. Esto se promete sin dar estudios técnicos sobre la solvencia y sostenibilidad de un nuevo régimen de pensiones, y con el pasado lleno de malos manejos de las pensiones públicas.
Si bien los administradores de los fondos de pensiones no se posicionan contra una jubilación universal, quitarle el aporte estatal a los regímenes sería un grave retroceso en términos de seguridad social.
Según Carlos Arias Alvarado, director ejecutivo de JUPEMA (Junta de Pensiones del Magisterio Nacional), la iniciativa de las autoridades de quitar el aporte estatal tendría, sin ninguna duda, un impacto en la solvencia económica de la entidad:
“El régimen pasaría de una situación de equilibrio –en la última evaluación se observaba un superávit actuarial cercano a los ¢74.000 millones–, a una situación deficitaria de -¢212 865 millones. Esto porque la cotización tripartita pasaría de un 16,32% a un 14,75%”.
Si bien la creación de una jubilación universal es un objetivo loable, es necesario revisar la letra chica de dicha reforma, pues podríamos estar a las puertas de abrir un sistema de pensiones sin respaldo económico sólido y en peores condiciones que el régimen actual.
Fuentes:
Pensiones complementarias pasarán a “fondos generacionales” a partir de 2024, confirma SUPEN
Deuda del Estado con la CCSS creció en 252.287 millones de colones durante 2022 – Delfino.cr
CCSS y Colegio de médicos analizan crisis por fuga de médicos especialistas | La Nación.
CCSS moviliza un 41% de la inversión social del país • Semanario Universidad
1 comentario
Es una lástima que por lo que lucharon nuestros antepasado, y por lo que hoy se benefician tantas personas hoy lo quieran quitar así como así.
Los grandes jerarcas, pueden darse el lujo de no asistir a la caja y no esperar largas filas, ya que ellos tienen dinero para poder solventar cualquier situación, mientras que la clase obrera, trabajadora quedamos por fuera, que es lo que se nota a grandes rasgos es lo que menos les importa, nosotros quedaríamos descubiertos.
Espero que podamos luchar para evitar esta situación que seria devastadora